20
de marzo de 2007. Primera solicitud de concurso presentada ese año en
el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, del que yo era magistrada titular
desde el mismo día de su creación, el 1 de septiembre 2004: Delphi
Automotive System España S.L. (conocida como Delphi, la empresa de
automoción de Puerto Real).
Fueron momentos muy duros. El eslogan que sonaba en todas partes era Delphi no se cierra
(llegué a verlo hasta en mi garaje), pero Delphi -por desgracia para la
provincia- ya llegó con una decisión de cierre previamente tomada por
el órgano de administración societario en febrero de 2007. La
declaración de concurso, difícil decisión. En prensa, opiniones diversas
sobre su procedencia. Era caso de insolvencia inminente, un supuesto
novedoso de la Ley Concursal de 2003, en aquellas fechas aún con escasa
aplicación, a diferencia de lo que ocurriría a partir del año siguiente
con la crisis y fundamentalmente del sector inmobiliario.
¿Un supuesto de globalización? No había diferencia,
el juez está sometido al imperio de la Ley. La insolvencia, aun siendo
inminente, era cierta y estaba acreditado que en breves fechas no podría
hacerse frente a los pagos de los proveedores y demás acreedores, y
entre ellos, las nóminas de los trabajadores, como luego corroboraría el
informe emitido por la administración concursal. Y además, la matriz
del grupo en EEUU estaba en "bancarrota", sometida al Chapter 11.
Incluso en una ocasión tuve que autorizar la presentación de un
documento para la ejecución del acuerdo con los trabajadores ante el
Tribunal de Nueva York.
Jurídicamente, tuve que dictar resoluciones muy
interesantes y complejas. Personalmente, fueron los momentos más duros.
Con fecha 16 de mayo de 2007 la concursada presentó una solicitud de
extinción de toda la plantilla, 1.540 trabajadores. A pesar de que hubo
acuerdo, que se alcanzó en la madrugada del 4 de julio de 2007 -del que
fui informada por SMS esa misma noche- y que el acuerdo contenía
indemnizaciones incluso superiores a las entonces previstas en el
Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente (y cuyo pago
por importe de 120 millones de euros asumió la matriz), no dejaba de ser
un acuerdo de extinción de "todos" los contratos de trabajo: 1.540
trabajadores -familias- que perdían sus empleos.
Tuve que redactar una resolución fundada y extensa,
que acababa aprobando el acuerdo. Al auto dictado incorporé como anexo
la relación de los 1.540 trabajadores, "con nombre y apellidos". Fue
durísimo, muy triste. Perdí peso, tenía insomnio -recuerdo que me
levantaba a las 4 de la madrugada y me ponía a trabajar en el ordenador
porque no podía dormir-. Me consta por la prensa que aún hay
trabajadores que no han encontrado trabajo. A los 1.540 trabajadores sin
contrato se unían las empresas auxiliares, igualmente afectadas.
Jurídicamente, como he dicho, fue un concurso muy enriquecedor, pero sin
duda fueron momentos muy tristes por la pérdida de tantos empleos en la
provincia, un varapalo más para Cádiz, a la que tan fuertemente ha
afectado la crisis. Y fue el principio de una espiral de concursos que
a partir de 2008 afectó a más empresas y trabajadores.
1 comentario:
¿Alguien puede confirmar que en la plantilla había 5 familiares de la Jueza?
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