Entre el pasado diciembre y enero, la Junta pagó 30 millones (en dos
pagos de 18 y 12 millones) del expediente de Delphi, porque las amenazas
de las aseguradoras se cumplen cada cierto tiempo y cierran el grifo.
Dejan de pagar las pólizas, los sindicatos presionan al Gobierno, los
trabajadores se echan a las calles a protestar y, finalmente, la Junta
cede. En ese círculo vicioso se encuentran desde el pasado otoño y sin
claros visos de una solución temprana.... aquí tienes el artículo en EL PAIS....
El escándalo de los ERE fraudulentos
tiene múltiples aristas. Y a la malversación y al embrollo
administrativo que cuestiona el procedimiento de las ayudas públicas se
le suma una muy dañina para las arcas públicas: una deuda de 286
millones que la Junta mantiene con las aseguradoras de los expedientes
de regularización de empleo, herencia de un caos contable prolongado
durante una década. La cifra es una pesada losa que condiciona el pago
de las prejubilaciones de las que depende la economía familiar de miles
de trabajadores. “La Junta es sistemáticamente informal. No paga y no
paga”, afirman fuentes de la negociación entre el Gobierno andaluz y las
aseguradoras, que han cifrado el total de la deuda a fecha 31 de enero.
La Junta adeuda esos 286 millones a cuatro aseguradoras: Generali, Caixa Vida, BBVA y Apra Leven.
La reacción entre diversos responsables de la Consejería de Empleo ante
la losa financiera es muy particular: debido a la cercanía de las
elecciones autonómicas, la estrategia que todos proclaman, pero siempre
en privado, es esperar. A que un nuevo equipo directivo renovado afronte
el vendaval que ha supuesto para la Dirección General de Trabajo el
caso de los ERE si gana el PSOE, o a que el cambio sea aún más drástico y
la patata caliente le caiga al PP si vence en los comicios. Porque
ahora mismo autorizar el pago de las pólizas, con una juez (Mercedes Alaya)
que considera todo el procedimiento ilegal y un calendario de pagos
asfixiante en plena política de austeridad, es un trago difícil de
asimilar que ya le ha costado la imputación al actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, y a sus inmediatos antecesores.
El grueso de la deuda la mantiene el Ejecutivo con la aseguradora
Generali (antigua Vitalicio), en torno a los 100 millones; a
continuación está La Caixa, que mantiene un crédito con la Junta de 90
millones; el BBVA en torno a los 60 millones y, finalmente, los
administradores de la aseguradora belga Apra Leven reclaman al Gobierno
andaluz 36 millones. El caos que mantuvo Empleo durante años con unas
comisiones desorbitadas por parte de las consultoras y unos calendarios
de pago cómodos supusieron una trampa muy clara: los intereses fueron
creciendo como la espuma y hoy los calendarios de pago se incumplen por
sistema. Un ejemplo es la primera póliza de Santana, cuya finalización
de pago se fijó para 2004. Ocho años después, sigue pendiente y la
factura sigue subiendo.
Entre el pasado diciembre y enero, la Junta pagó 30 millones (en dos
pagos de 18 y 12 millones) del expediente de Delphi, porque las amenazas
de las aseguradoras se cumplen cada cierto tiempo y cierran el grifo.
Dejan de pagar las pólizas, los sindicatos presionan al Gobierno, los
trabajadores se echan a las calles a protestar y, finalmente, la Junta
cede. En ese círculo vicioso se encuentran desde el pasado otoño y sin
claros visos de una solución temprana.
En la deuda hay pagos pendientes de múltiples expedientes con una
trayectoria complicada y resultado de haber ordeñado la vaca de las
arcas públicas con demasiada codicia. El grupo Eurobank tramitó múltiples ERE a través de su consultora Vitalia
y su aseguradora Fortia, disuelta por la Generalitat catalana por un
supuesto caso de descapitalización. El último eslabón fue la aseguradora
Apra Leven, a la que se trasvasaron de manera supuestamente ilegal
numerosas pólizas de Fortia. Como resultado y tras la intervención de
Apra Leven por las autoridades belgas, los administradores reclaman a la
Junta 36 millones por impago en un proceso judicial que se augura
eterno.
Con los fondos que adelantó Empleo al grupo Eurobank, este invirtió
el dinero en ocasiones en el ladrillo de países tan dispares como
Rumanía, Brasil y República Dominicana. Es por ello que después de las
presuntas malversaciones de fondos públicos y las prácticas del grupo,
el pago de las pólizas de Apra Leven sea una cuestión harto espinosa.
Sin póliza para Santana
J. M.-A., Sevilla
Las dificultades de la Junta para encontrar fondos que sufraguen los
ERE comprometidos tiene un claro ejemplo: el último expediente
subvencionado fue consecuencia del cierre de la empresa con
participación de la Administración, Santana Motor, en Linares. Un año
más tarde no hay una aseguradora asignada para la póliza de 150 millones
que debe cubrir 865 prejubilaciones.
Las aseguradoras están a la espera de una oferta de la Junta.
“Innovación y Empleo están haciendo los cálculos. La Junta está en
ello”, afirma el expresidente del comité de empresa, Pedro Gálvez (CC
OO). Pero lo más curioso es que la Junta estima que son los sindicatos
los que deben acudir a Empleo con una oferta: “Ellos tienen que
presentar las propuestas para suscribir la póliza. Los tomadores serían
ellos”, afirman fuentes de Empleo.
El desconcierto es producto de que son las primeras prejubilaciones
con la nueva orden que reguló las ayudas sociolaborales el pasado 6 de
abril y que deja la búsqueda de aseguradora en manos “de la empresa o
los trabajadores”. El reloj corre en contra porque los trabajadores se
encuentran en una “disposición transitoria” hasta el 7 de marzo. Ahora
la Junta les está abonando el diferencial entre la asignación por paro
(unos 1.050 euros) y el 90% de su salario, para que puedan cobrar
alrededor de 1.500 euros mensuales.
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